Más de 700 multas en 24 horas en La Habana por violar medidas sanitarias impuestas por el Covid-19

El régimen de La Habana ha descubierto un nuevo modo de sacarle el dinero a los cubanos a través de la imposición de onerosas multas, lo mismo por “violaciones” a los precios topados, que por “transgredir” los protocolos sanitarios para frenar la propagación del Covid-19.

La prensa oficialista dio a conocer que las autoridades de la capital han impuesto más de 700 multas en un solo día, bajo el amparo del Decreto 31/2021, que sanciona a quien incumple con las medidas sanitarias por la pandemia.

Las principales infracciones, dijo Orestes Llanes, coordinador de Fiscalización y Control en la capital, fueron por usar de manera incorrecta el nasobuco, y por no cumplir con la distancia social en las colas, recogió el periódico estatal Tribuna de La Habana.

En las colas que los cubanos se ven obligados a hacer para poder conseguir alimentos o productos de aseo, se han aplicado más de 200 multas.

El funcionario admitió que el Gobierno no tiene la capacidad para abastecer la red de tiendas en la capital, lo que fuerza a los habaneros a someterse a prolongadas colas, no obstante, dijo que cada cubano tiene que guardar la distancia física recomendada por los expertos en salud.

En otro orden la semana pasada se aplicaron más de 220 multas en La Habana, por violaciones a los precios, siendo los cuentapropistas los principales afectados por estas sanciones.

Desde que comenzó el ordenamiento monetario, el 1 de enero de 2021, centenares de puntos de venta agropecuarios se han visto obligados a cerrar en el país caribeño, a causa de la inflación y el tope de precios.

En las dos primeras semanas de enero habían cerrado sus puertas 600 puntos de venta agrícola, indicó el periódico Granma, órgano oficial del PCC.

Al menos 650 multas se habían impuesto a vendedores agrícolas en La Habana, hasta el 5 de febrero, la mayoría oscilando entre los 7.000 y 8.000 pesos. En días recientes 76 cafeterías privadas, que según Llanes violaron los precios topados que estableció el Estado para la venta de refrescos y otros productos, fueron multadas con 8.000 CUP; a otros establecimientos particulares se les retiró la licencia para operar.