La Seguridad del Estado intenta reclutar a periodistas independientes en la Isla, denuncia el ICLEP

Del 1 de enero al 31 de diciembre del pasado año se documentan 240 hechos violatorios a la Libertad de Prensa, según el informe de la ICLEP (Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa).

Se registraron 102 amenazas y agresiones psicológicas, 84 detenciones arbitrarias, 32 decomisos de medios de trabajo, 16 prohibiciones de salida del país, 4 agresiones físicas, y 2 expulsados de su trabajo o estudios.

El reporte del ICLEP que recoge su balance parcial denuncia: “las formas, métodos y tipos de amenazas no cambiaron en lo absoluto. La policía política primeramente intenta persuadir al comunicador con la intención de reclutarlo. Cuando no lo pueden lograr, su vocabulario se vuelve más agresivo y comienza el acoso y las agresiones sicológicas acompañadas de amenazas que oscilan desde la asfixia económica, la promesa de ponerlos en prisión y la sutil amenaza de muerte. A las periodistas del género femenino, también, las amenazan con quitarle la custodia de sus hijos”.

El segundo método represor durante 2017 fueron las detenciones arbitrarias, “cada detención fue un rosario de hechos violatorios donde se combinaron todo tipo amenazas”, afirma el ICLEP.

El Instituto a favor de la Libertad de Prensa sostiene que el pasado año, el régimen castrista mantuvo inamovible su monopolio sobre los medios de comunicación en Cuba, y que el aparato judicial se sirve de un Código Penal que sanciona las libertades de prensa.

Denunció también el acoso y hostigamiento de la policía política, y la fabricación de delitos a periodistas por ejercer su labor.

El ICLEP solicita a los gobiernos de la región, organizaciones e instituciones internacionales, que condenen y exijan a Cuba que ponga fin a las reiteradas violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Asimismo que exijan al régimen de La Habana la eliminación de todas las leyes liberticidas contra la libertad de expresión.

Y por último la restauración de leyes y un marco jurídico que garantice y proteja a los ciudadanos cubanos, sin temor a represalias del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

(Con información de Martí Noticias)