Gobierno cubano arrecia la represión en medio de la dolarización de la economía

Al menos 314 acciones represivas contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias, documentó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), recoge Martí Noticias.

La organización con sede en Madrid responsabiliza al gobierno de Miguel Díaz-Canel de redoblar la represión contra activistas y periodistas independientes.

El nuevo patrón para reprimir, indica la OCDH, consiste en sitiarlos y mantenerlos bajo vigilancia policial; un mecanismo que constituye «una clara violación a la libre circulación y una forma de impedir el ejercicio de otros derechos», sostiene.

19 de las detenciones se ejecutaron con violencia, asegura el organismo que intenta proteger los derechos humanos.

Según la OCDH, «si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el COVID-19».

«Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria», agrega la nota.

El modus operandi es establecer vigilancia policial alrededor de las viviendas de los activistas, a algunos un oficial de la policía les advierte previamente.

En estas acciones no media una orden judicial, se aplican de facto, la OCDH precisa que «no solamente no existe una constancia escrita, sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio».

El organismo alerta también que las nuevas medidas económicas emprendidas por el régimen, entre las que estuvo la eliminación del gravamen del 10% al dólar, fueron eclipsadas por los onerosos precios en las tiendas en divisas extranjeras.

Ya que tres cuartas partes de los cubanos no reciben dólares, y sus salarios y pensiones en pesos cubanos son demasiado bajos, recuerda la OCDH.

La organización señala además que por ello, las nuevas tiendas en dólares significan una violación al derecho a la alimentación de los cubanos.