Corte suprema bloquea la deportación de inmigrantes que hayan cometido ciertos crímenes

El Tribunal Supremo anuló el martes una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por algunos delitos, sosteniendo que la ley es inconstitucionalmente vaga.

El caso, Sesiones v. Dimaya, había sido vigilado de cerca para ver si los jueces revelarían cómo considerarían el impulso general de la administración Trump tanto para limitar la inmigración como para aumentar las deportaciones.

Como se esperaba después del debate oral, el juez Neil Gorsuch se unió a los jueces más liberales por primera vez desde que se unió al tribunal para producir una mayoría de 5 a 4 invalidando el estatuto federal. Al hacerlo, Gorsuch continuó con la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, que también se alió con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de los estatutos utilizados para condenar a los acusados.

Solo ocho jueces escucharon el caso el último trimestre después de la muerte de Scalia, y a fines de junio, el tribunal anunció que volvería a escuchar los argumentos esta vez, presumiblemente para que Gorsuch pudiera romper una especie de empate.

Dimaya, oriundo de Filipinas, fue admitido en los Estados Unidos en 1992 como residente legal permanente. En 2007 y 2009, él no se opuso a los cargos de robo residencial en California y un juez de inmigración determinó que Dimaya era removible de los EE. UU. debido a sus dos condenas en un tribunal estatal.

El tribunal sostuvo que las condenas calificaban para un «delito grave con agravante» en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la destitución de no ciudadanos que han sido condenados por algunos delitos violentos y define el delito grave como «delitos de violencia».

Los abogados de Dimaya apelaron la remoción argumentando que era inconstitucionalmente vaga y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes resultarían en la deportación.

Sugirieron que el razonamiento de una opinión Scalia 2015, que golpeó una disposición de la Ley penal de la carrera armada como inconstitucionalmente vaga, debería extenderse a su caso.