Seguridad del Estado priva a un activista de atenderse en un centro de salud cubano, por denunciar casos de Covid-19 en un hogar de ancianos

La Seguridad del Estado impide al activista Yoel Bravo López recibir atención médica en clínicas estomatológicas de Santa Clara, explicó el disidente en conversación vía telefónica con Radio Martí.

Desde hace días tiene fuertes dolores por un cordal, confiesa el opositor, que fue a dos policlínicos de la localidad, y se niegan a atenderlo en las consultas estomatológicas de dichos organismos de salud.

Ayer miércoles Bravo López regresó a uno de los policlínicos, pero no fueron médicos los encargados de procesar sus datos, sino un oficial de la Seguridad del Estado, quien le dijo que en todos los centros de salud tienen su nombre en una lista negra para que no pueda atenderse.

Yoel reveló que el agente le dijo contrarrevolucionario, y que no tiene derecho a la atención médica porque no se la ha ganado.

El dolor y las molestias no cedían, tuvo que intentar con un amigo sacarse el cordal con un alicate, pero el intento fue infructuoso.

Desde ayer Bravo López presenta fiebre, aunque fue nuevamente al policlínico para que lo atendiera un médico general, tampoco pudo ingresar a la institución estatal.

Según el activista, la negativa de la atención a su salud es parte de una represalia porque dio a conocer el pasado mes de abril en sus redes sociales, que había un brote de Covid-19 en un hogar de ancianos en su provincia.

Recientemente el disidente fue arrestado por la policía política bajo amenazas de cárcel, y multado con 3.000 pesos, por el Decreto Ley 370, que acusa a Bravo López de ofrecer información que el régimen considera «contraria al interés social».