Cuba: Guantanamero tendrá que estar un año preso, por rehusarse a ponerse un nasobuco

Condenado a un año de privación de libertad, un ciudadano del municipio Yateras, en la oriental provincia de Guantánamo, por no usar el cubreboca como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19, informa Diario de Cuba citando un reporte del oficialista semanario Venceremos.

También en Guantánamo, pero en el territorio de Manuel Tames, fue sancionada otra persona «seropositivo al VIH», por la misma razón de no protegerse y no proteger a los demás con el nasobuco, un delito catalogado por el Gobierno cubano como «desobediencia».

Cuba insiste en llevar ante los tribunales y sancionar con rigor a los que no cumplan con las medidas de aislamiento y protección por el Covid-19.

Según Elaine Navarro Navarro, presidenta del Tribunal Provincial Popular en la provincia oriental, el enfrentamiento en una primera fase «tuvo su acento en el trabajo preventivo, de persuasión, pero en la medida en que pasan los días y la situación epidemiológica se agrava y complejiza van quedando atrás opciones como las multas y las advertencias, y aumenta la severidad frente» a quienes violen lo establecido.

Unas 20 acusaciones por desobediencia en relación a las medidas impuestas por el coronavirus, se han tramitado entre el 25 de marzo y el 15 de abril en el Tribunal provincial.

Entre las acusaciones, cuatro han sido por desacato, la misma cifra por especulación y acaparamiento, tres por apropiaciones indebidas, dos por propagación de epidemias, y otros casos por razones de uso indebido de recursos materiales y financieros, desorden público, resistencia, y actividad económica ilícita.

En el mismo período la policía ha aplicado 1.066 multas y ha confiscado «determinadas cantidades de picadillo de res y pavo; paquetes de salchicha y de refresco Piñata; pan, aceite vegetal, cajas de pollo, bolsas de leche en polvo, 25 cajas de cerveza, 60 pomos de refresco Hola, siete sacos de frijol colorado, 55 de malanga, 88 de chícharo sustraído a la canasta básica, combustibles diesel y gasolina, y hasta un camión particular», según el Gobierno provincial.

Mientras en la capital se han llevado a cabo más de 333 procesos judiciales, con sanciones para un número superior a las 180 personas, de las cuales 44 se han visto privadas de su libertad, debido a los mismos delitos, recogió el periódico estatal Tribuna de La Habana.