Corte Suprema de Estados Unidos bloquea de manera temporal decisión de la administración Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020

En una derrota para el gobierno del presidente Trump, la Corte Suprema deja por ahora bloqueada la pregunta sobre ciudadanía del censo de 2020, en parte debido a la explicación del gobierno de por qué lo agregó en primer lugar.

La mayoría dijo que «no puede ignorar la desconexión entre la decisión tomada y la explicación dada» por la administración Trump.

La decisión se produce más de un año después de que el Secretario de Comercio Wilbur Ross, quien supervisa la Oficina del Censo, rechazó el consejo unánime de los expertos de la Oficina del Censo y aprobó la adición de la pregunta «¿Es esta persona un ciudadano de los Estados Unidos?»

La decisión de la Corte Suprema podría tener profundas consecuencias políticas. Los nuevos recuentos de población del censo de 2020 determinarán durante los próximos 10 años cuántos escaños obtiene cada estado en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Miles de millones al año en fondos federales se asignan en todo el país para carreteras, escuelas, hospitales, atención médica y más.

Las investigaciones de la Oficina del Censo han demostrado durante mucho tiempo que agregar una pregunta de ciudadanía a menudo lleva a las personas que viven en hogares con inmigrantes, incluidos aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos, a simplemente no llenar el formulario del censo. De acuerdo con los expertos de la Oficina del Censo, esto podría resultar en un conteo insuficiente que no solo es sustancial sino desigual, y afecta principalmente a las áreas urbanas donde viven los grupos de inmigrantes, mientras que las áreas rurales, principalmente las blancas, no se ven afectadas.

Según las propias estimaciones de expertos de la Oficina del Censo, la adición de la pregunta probablemente reducirá las respuestas del censo entre los hogares con al menos un no ciudadano en al menos 8 puntos porcentuales. Eso se traduce en un estimado de 9 millones de personas que no participan en el recuento de la ley por mandato constitucional de cada persona que vive en los EE. UU.