Pan normado en Las Tunas se está elaborando con «harina contaminada», residentes en Puerto Padre se quejan

En medio de una crisis sin precedentes en La Habana, ante los destrozos ocasionados por un tornado el pasado domingo, la situación de caos en el resto de las provincias no es diferente, pese a que el único fenómeno que estén padeciendo en estos momentos en común con los habaneros sean los efectos de seis décadas ininterrumpidas de castrismo.

Martí Noticias reporta que tuneros en Puerto Padre, están protestando por la venta de pan con harina contaminada en establecimientos estatales.

El periodista independiente, Alberto Méndez Castelló denunció vía telefónica que la harina que utilizan para la elaboración del pan normado en Las Tunas con una población de 90 mil habitantes, está «contaminada con insectos».

«Los puertopadrenses están consumiendo harina con gorgojo y con toda suerte de bichos (insectos). Se está produciendo pan contaminado. Primero lo estaban elaborando así, pero hubo personas que protestaron, y ahora la Industria Alimenticia ha ordenado a los panaderos cernir la harina (…) para luego procesar pan», añadió.

El reportero dijo que la decisión de las autoridades tuneras de cernir la harina, llega después de que los residentes protestaran porque están violando la resolución 54 de Comercio Interior.

«Esto es prohibido. Ellos mismos emitieron el año pasado la resolución 54 prescribiendo todo tipo de manipulación de productos que no sean correctamente habidos», comentó Méndez Castelló, quien dice se trata de «harina vieja».

«Si un inspector detecta a un particular haciendo pizzas con harina que tiene gusanos y gorgojos, sencillamente esa persona va a ir presa, le van a aplicar el Código Penal, porque eso es un delito. Pero en este caso el delincuente es el Estado, que está confeccionando pan con harina contaminada con insectos y ofertándole el pan a la población», lamentó el también abogado, haciendo énfasis en el doble rasero a la hora de aplicar la ley en la Isla.

Según el Código Penal cubano, la persona que venda o ponga en venta a la población algún producto incompleto en su composición o peso, o ya sea deteriorado o en mal estado, se le sanciona con una multa de hasta 50.000 pesos en moneda nacional, o también podría ir a la cárcel de seis meses a dos años.